La primavera pasada, la Asamblea General de Maryland aprobó una nueva ley que permite a las víctimas de abuso sexual infantil presentar demandas civiles independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido desde que ocurrió el abuso. Esta legislación tiene el potencial de tener consecuencias financieras devastadoras, no sólo para todos los sistemas de escuelas públicas del estado de Maryland sino también para muchas otras instituciones y organizaciones, incluidos los ministerios de la Arquidiócesis de Baltimore.







