Para Publicación Inmediata
Viernes 18 de septiembre de 2020
Estoy muy consternado por la reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito
de levantar la orden judicial que detiene el esfuerzo del gobierno federal para terminar con el Estatus de Protección Temporal de más de 200,000 personas que viven legalmente en los Estados Unidos bajo este programa.
Estos miembros vulnerables de nuestra sociedad ya están sufriendo más que otros los efectos de la pandemia en su bienestar físico, mental y económico.
En lugar de este trato injusto, les debemos una deuda de gratitud, ya que han continuado arriesgando su salud como trabajadores esenciales en hospitales, servicio y producción de alimentos y otras industrias.
Es particularmente angustiante considerar el impacto de esta decisión en sus hijos, quienes podrían enfrentar la separación de sus padres si se ven obligados a regresar a su país de origen y las duras condiciones de las que huyeron. Solo aquí en Maryland, se estima que 19,800 salvadoreños que son titulares de TPS son padres de 17,100 niños nacidos en los EE. UU.; otros 1,900 hondureños que viven en nuestro estado son padres de 1,300 niños nacidos en los EE. UU. La difícil situación de estos niños debe ser una preocupación para todos.
La Iglesia Católica, tanto en nuestro país como en Centroamérica, continúa ministrando las necesidades de estas familias, y estamos comprometidos a ofrecerles nuestro apoyo y compasión.
El Congreso debe actuar para brindarles la protección legal a la que tienen derecho. Junto con la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, hago un llamado urgente al Senado de los Estados Unidos para que adopte la Ley de Sueños y Promesas Americano, que la Cámara aprobó el año pasado, y para garantizar que se eviten las devastadoras consecuencias de esta decisión.
Contacto con los medios
Mary Ellen Russell
410.547.3158 (office)
443.994.0879 (cell)